¿Puede desaparecer la ZBE de Bilbao?

¿Puede desaparecer la ZBE en Bilbao?

En esta entrada de blog analizamos en profundidad la situación actual de las ZBE en España y el País Vasco, el caso de Francia y qué consecuencias podría tener este nuevo contexto para el futuro de la movilidad sostenible y la instalación de cargadores eléctricos en ciudades como Bilbao.

Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas restringidas al tráfico de vehículos contaminantes, principalmente aquellos con etiquetas ambientales B o sin distintivo de la DGT. Su objetivo es mejorar la calidad del aire y fomentar la movilidad sostenible.

Según la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes están obligados a establecer ZBE. Bilbao, como capital de Bizkaia, tiene ya en marcha su propia normativa para su implantación en 2025.

El pasado marzo de 2025, la Asamblea Nacional francesa votó a favor de eliminar las ZBE en todo el país. Esta decisión fue impulsada por una moción del partido opositor de centroderecha y apoyada por otros grupos parlamentarios, alegando que las ZBE perjudican a las clases trabajadoras y rurales, ya que muchas personas no pueden permitirse renovar su vehículo.

El argumento principal fue que las ZBE creaban una «movilidad a dos velocidades», discriminando a quienes dependen de vehículos antiguos para trabajar o desplazarse diariamente. Esta supresión también respondía a la creciente presión social y protestas en varias ciudades, donde los ciudadanos denunciaban el impacto económico negativo de estas restricciones.

No obstante, la medida ha generado gran controversia, ya que contradice los compromisos ambientales asumidos por Francia ante la Unión Europea, y podría comprometer el acceso a hasta 3.000 millones de euros en ayudas europeas para la mejora de la calidad del aire.

Además, esta decisión podría verse limitada por el Consejo Constitucional francés, que todavía debe pronunciarse sobre la legalidad de la medida, especialmente en relación con las directivas medioambientales europeas.

Aunque el contexto jurídico español es diferente, algunos tribunales han empezado a cuestionar ordenanzas municipales de ZBE por considerarlas discriminatorias o mal fundamentadas. Casos como los de Madrid, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife reflejan que el marco legal puede ser frágil si no se aplica con proporcionalidad y justificación técnica.

En el caso de Bilbao, la ZBE prevista afectará al centro urbano, restringiendo el acceso a vehículos contaminantes salvo residentes y servicios. El Ayuntamiento de Bilbao ha justificado la medida por motivos de salud pública y cumplimiento de la legislación estatal. A diferencia de Francia, en España existe una obligación legal expresa a través de la Ley 7/2021, lo que otorga una base jurídica más sólida a su implantación.

Además, el Gobierno Vasco y el propio consistorio bilbaíno han respaldado la ZBE como parte de su estrategia de descarbonización y mejora de la calidad del aire. También hay una aceptación social progresiva, especialmente entre los sectores más jóvenes y conscientes del cambio climático, lo que reduce el riesgo de protestas masivas como las vividas en Francia.

Sin embargo, no puede descartarse que asociaciones o grupos políticos contrarios recurran judicialmente la normativa local si consideran que afecta desproporcionadamente a ciertos colectivos. La clave estará en que el diseño e implementación de la ZBE bilbaína esté bien justificada, sea gradual y contemple alternativas de movilidad pública y ayudas a la transición tecnológica.


El caso de Francia pone en duda la universalidad de las ZBE, pero no necesariamente su validez. En España y, concretamente, en el País Vasco, el respaldo legal es más sólido, aunque no exento de controversia.

Bilbao continúa su hoja de ruta hacia una ciudad más limpia y sostenible, y aunque el debate seguirá vivo, lo que está claro es que la movilidad eléctrica sigue siendo una apuesta estratégica para el presente y futuro.

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